El fiscal bonaerense Marcelo Carlos Romero presentó
hoy una denuncia penal contra el jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, por
los delitos de apología del crimen y de incitación a la violencia colectiva,
debido a las amenazas de anteayer del dirigente piquetero acerca de que la
semana próxima iban a cortar las rutas de la provincia de Buenos Aires.
El fiscal Romero, titular de la Unidad Funcional de
Instrucción y Juicio Nª6 del Departamento Judicial de La Plata señaló en su
presentación que el delito de apología del crimen, previsto en el artículo 213
del Código Penal establece penas de un mes a un año de prisión.
En tanto, el delito de incitación a la violencia
colectiva, normado en el artículo 212 del Código Penal fija una pena de tres a
seis años de prisión "al que públicamente incitare a la violencia
colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola
incitación".
Esta denuncia del Ministerio Público bonaerense fue
muy bien recibido en el gobierno de Mauricio Macri y en el Ministerio de
Seguridad, que dirige Patricia Bullrich. "Creemos que es un avance contra
las amenazas al orden público", señaló un funcionario a la prensa.
En forma paralela, fuentes de la Casa Rosada
confiaron que Bullrich estableció un operativo disuasivo de las fuerzas
federales de seguridad, la Gendarmería y la Policía Federal, para custodiar los
accesos a la Ciudad para anticiparse y evitar bloqueos de grupos piqueteros
luego de la amenaza de Pérsico.
Fuentes gubernamentales aseguraron que hasta la
semana que viene dispondrá fuerzas de Gendarmería desplegadas en la ruta
Panamericana, a la altura de Marquez, la ruta 2002 y la 197. "No vamos a
dejar que los piqueteros se instalen, es un operativo disuasivo y
preventivo", dicen en el Gobierno.
El fiscal Romero fundamentó su denuncia en que el
martes último Pérsico, en carácter de jefe del Movimiento Evita, "ha
realizado graves expresiones en las que se pondera la comisión de graves
delitos contra los poderes públicos y la convivencia democrática".
En ese sentido, señaló que el dirigente piquetero
había expresado: "La semana que viene vamos a cortar las rutas, que la
compañera Patricia (Bullrich) no se imagine otra cosa".
Y agregó: "Hay mucha masividad en los cortes,
Patricia Bullrich no tiene manera de controlarlo".
Según Romero, "estas expresiones desafiantes
superan con holgura la simple libertad de expresión" y se internan
"en el plano de la ilegalidad sobre todo por tratarse de un dirigente
político quien ejerce el liderazgo masivo respecto de sus seguidores y
simpatizantes y por haberse pronunciado en forma pública con gran repercusión
en medios periodísticos y redes sociales".
El fiscal bonaerense consideró que "ya no se
trata del debate respecto de la legalidad o ilegalidad de las protestas masivas
conocidas como `piquetes`. Debate absurdo que solo pudo darse por la
inactividad en todos estos años de los sucesivos poderes ejecutivos, tanto de
la Nación como de las provincias".
De hecho, el artículo 14 de la Constitución
Nacional garantiza el derecho a "transitar y salir del territorio
nacional" y el artículo 194 del Código Procesal Penal señala que "el
que sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o
entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o
aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de
electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres
meses a dos años".
Es por ello que el fiscal agrega que el hecho de
"que dichos poderes no hayan encontrado la forma adecuada para enervar
esta ilicitud no transforma por si sola la conducta en legalmente
admitida".
Romero agrega en su denuncia que "de todas
formas no se está denunciando un piquete, una marcha o una movilización, sino
un flagrante desafío al orden constitucional y las autoridades constituidas,
una exacerbación de la violencia y una invitación a compartirla y
expandirla".
Por ello concluye que "lo manifestado por
Pérsico no puede ser tomado sino en un contexto de incitación a causar daños e
impedir el normal desarrollo de las instituciones de la República que excede la
razonabilidad de la acción política y es contraria a la vida democrática y
respetuosa de los derechos".
Por ultimo agrega que "la vida en una
República democrática no supone que sus miembros puedan hacer lo que les dé la
gana sin respetar los derechos de sus semejantes".
PUBLICADO EL
22-03-2017
POR
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