Además, la Justicia le prohibió a Hebe de Bonafini,
presidenta de su consejo de administración, salir del país.
La Justicia dispuso la quiebra de la Fundación
Madres de Plaza de Mayo y le prohibió a la presidenta del consejo de
administración, Hebe de Bonafini, salir del país.
La quiebra fue dispuesta por el juez comercial
Fernando J. Perillo a pedido de un ex trabajador de la fundación, Miguel Ángel
Ortiz Benítez. La entidad le debe a Benítez $ 123.678,30. La Justicia constató
que hubo una "insuficiencia de fondos para desvirtuar el estado de
cesación de pagos imputado". Benítez, quien fue despedido, promovió la acción
contra la fundación el 19 de abril de 2016, después de haber obtenido una
sentencia favorable en el fuero laboral. Este miércoles se sorteará el síndico
de la quiebra.
En su decreto de quiebra, el juez dispuso también
la "constatación y eventual clausura de los inmuebles sitos en Hipólito
Yrigoyen 1432/36/38/40/42 planta baja, azotea y piso 1º e Hipólito Yrigoyen
1578/82/84/86/90 planta baja, sótano y entrepiso".
Para resolver sobre la situación de la Universidad
de las Madres, también solicitó que la sindicatura le informara "si el
Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo se
encuentra actualmente escindido de la fundación fallida".
El mes pasado, la justicia federal procesó a
Bonafini como responsable de un fraude al Estado cometido a través de la
Fundación Madres de Plaza de Mayo. También fueron procesados los hermanos
Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la entidad; José López, ex
secretario de Obras Públicas, y otros funcionarios de esa área durante el
kirchnerismo.
Todos ellos, acusados de haber defraudado al Estado
al contratar la construcción de viviendas sociales sin licitación por casi $
1250 millones. De esa suma, las Madres cobraron $ 749 millones, pero $ 206
millones fueron desviados por los Schoklender, que se valieron de una red de
sociedades para adquirir inmuebles, autos, motos y yates, y lavarlos en
financieras.
Los procesamientos los firmó el juez Marcelo
Martínez de Giorgi, que entendió además que no había pruebas suficientes contra
otros acusados, entre ellos el ex ministro Julio De Vido.
PUBLICADO EL
20-06-2017
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