El Gobierno Nacional comunicó a la Justicia Platense
que ya le ordenó a las empresas de gas no facturar con ningún tipo de aumento,
incluso el que fijó un tope del 400 y 500% en las tarifas, hasta que haya una
resolución judicial.
El Gobierno difundió que le ordenó a las empresas
de gas no facturar con ningún tipo de aumento, incluso el que fijó un tope del
400 y 500% en las tarifas, hasta que haya una resolución judicial, a partir de
lo cual el titular del Juzgado Federal 4 de La Plata, Alberto Recondo, decidió
rechazar una medida cautelar que objeta la validez de las últimas resoluciones
tomadas por el Ministerio de Energía en el tema tarifas.
El juez Recondo rechazó ayer por la tarde el
recurso de amparo presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la
Igualdad y la Solidaridad (Cepis) en la que se solicitó suspender las
resoluciones 99 y 129/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que
fijaron nuevos topes para la suba de la tarifa de gas.
Fuentes judiciales señalaron que la nueva
resolución no implica que el Gobierno quede habilitado a implementar el nuevo
cuadro tarifario con los topes del 400 y el 500 por ciento para usuarios
residenciales y comercios, ya que se mantiene vigente en instancia superior la
suspensión dispuesta por la Sala II de la Cámara Federal de la Plata, que ya
fue apelada por el Gobierno y que se encuentra bajo análisis actualmente.
La medida dada a conocer esta tarde rechazó la
suspensión de las resoluciones cuestionadas por el Cepis que dispusieron los
topes máximos de 400 y 500 por ciento en la suba del cuadro tarifario del
servicio público de gas, para usuarios residenciales o comerciales
respectivamente.
El magistrado, además de rechazar la suspensión de
las resoluciones remitió la causa a la Sala II de la Cámara Federal platense,
tal como había ordenado ayer ese cuerpo para unificar los expedientes iniciados
en distintos fueros y jurisdicciones de todo el país sobre la cuestión
tarifaria.
La resolución de Recondo se concretó luego que el
Gobierno nacional comunicó por la mañana al magistrado platense que ya le
ordenó a las empresas de gas no facturar con ningún tipo de aumento, incluso el
que fijó un tope del 400 y 500% en las tarifas, hasta que haya una resolución
judicial.
La decisión oficial fue comunicada mediante un
escrito remitido por el titular de la Procuración del Tesoro, Carlos Balbín, al
juez Recondo, quien ayer había pedido esa información para expedirse sobre la
nueva medida cautelar.
El pedido de suspensión del nuevo tope fue
respaldado por la fiscal federal Ana Russo, basándose en que, al igual que el
incremento tarifario inicial, el límite fue establecido sin pasar por las
audiencias públicas que exige la normativa vigente.
En el fundamento de su fallo, Recondo destacó que
las aseveraciones públicas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, respecto a que
los usuarios no debían pagar las facturas de gas hasta tanto la justicia no
resuelva la cuestión, que además fueron refrendadas por la disposición del
Ministerio de Energía transmitida al Enargas en tal sentido.
"El acto administrativo citado, que importa
una orden expresa dirigida al Interventor del Enargas, constituye suficiente
manifestación de voluntad estatal como para considerar que –al menos, por el
momento- no se encuentra demostrado el peligro" en la aplicación de las
normas 99 y su modificatoria 129, entendió el juez federal.
Al respecto, agregó que "ninguna medida
meramente preparatoria (que además se encuentra supeditada -en su ejecución- a
las resultas de lo que se decida judicialmente) puede importar amenaza alguna
como para justificar la orden cautelar solicitada", consideró Recondo.
La referencia del juez se respecto a la nota 402
del 14 de julio en la que el Ministerio de Energía ordenaba al Enargas preparar
"las adecuaciones necesarias en los sistemas de facturación de las
licenciatarias", pero al mismo tiempo determinaba "posponerse todas
las acciones que signifiquen aplicación efectiva de la Resolución 129".
Adicionalmente, ayer, el Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas) había aclarado que no "ninguna modificación" a la
frecuencia de la facturación para que las distribuidoras puedan regularizar el
pago de los servicios prestados a los usuarios, ante la versión de que las
empresas iban a emitir nuevas facturas cada 20 días hasta regularizar sus
cobros.
El juez Recondo ya había rechazado el 31 de mayo un
planteo similar presentado por la misma entidad (Cepis), pero en aquella
ocasión contra las resoluciones 28 y 31/2016 que disponía la puesta en marcha
de la suba en la tarifa de gas, con aumentos que en algunos casos fueron de
hasta el 1600%, aunque le ordenaba al Estado nacional que ante el nuevo esquema
convoque a una audiencia pública.
Esa decisión inicial fue apelada por el Cepis y la
Sala II de la Cámara Federal platense revirtió el fallo y dispuso la suspensión
del incremento tarifario en todo el territorio nacional, expediente en el cual
debe resolver en los próximos días si acepta una recurso extraordinario del
Estado para que sea la Corte Suprema la que dirima la cuestión.
En otra instancia judicial, el Gobierno confía en
que la resolución final será la que adopte la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, para lo cual aguarda que la Cámara Federal de La Plata acepte el
recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Energía contra el fallo
que suspendió el incremento de tarifas.
El tribunal de feria de la Cámara debería definir
en los últimos días de julio si acepta el recurso y remite el expediente a la
Corte Suprema, para lo cual dispuso ayer que se le remitan todas las causas
abiertas en contra del incremento tarifario y que suman 46 medidas cautelares
otorgadas por jueces de todo nivel y de distintos puntos del país.
El Gobierno había intentado canalizar todos esos
reclamos a través de la Cámara en lo Contenciosos Administrativo Federal de la
Capital, pero la Cámara Federal platense ordenó que le sean emitidos a ella por
haber dictado el fallo con alcance general.
Anticipando que el tema puede llegar a la Corte
Suprema, la Asociación de Defensores del Pueblo remitió una carta al presidente
del tribunal Ricardo Lorenzetti para ponerse "a disposición en búsqueda de
una solución al grave problema que produjo el aumento de servicios
públicos".
Los Defensores del Pueblo reafirmaron hoy su
solicitud de convocatoria a Audiencias Públicas previas al tratamiento de un
nuevo régimen tarifario integral para los servicios de energía eléctrica, gas y
agua.
PUBLICADO EL 23/07/16
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