La Oficina Anticorrupción presentó luego de realizada
una auditoría interna en el Ministerio de Desarrollo Social, una denuncia sobre
el manejo de los fondos rotatorios y las cajas chicas, en el período entre
julio y diciembre de 2015. Allí se da cuenta de irregularidades en las
rendiciones de gastos, como el uso de facturas apócrifas o adulteradas, por
$3.327.740, sólo en ese período.
La cifra, que puede resultar baja si se tiene en
cuenta que el ministerio controlaba miles de millones de pesos anualmente,
representa el 40% del total analizado sobre los fondos destinados a “Eventos y
Jornadas Sociales”.
La principal cabeza apuntada en la denuncia por
defraudación contra la administración pública, es la licenciada María Cecilia
Velázquez, jefa de Gabinete de asesores durante ocho años y a la cual la hoy
gobernadora de Santa Cruz ni bien asumió en su provincia, la designó directora
de la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires.
En la denuncia, se da cuenta que los auditores
internos del ministerio que hoy dirige Carolina Stanley advirtieron facturas
por montos abultados e inusuales y procedieron a consultar a los distintos
proveedores que las emitieron. Las respuestas que se consignan por parte de
varias empresas, en su mayoría dedicadas a la comercialización de equipamiento
deportivo, fueron sorprendentes.
“Según la documentación aportada por el proveedor
(La Esquina del Deporte), la totalidad de las facturas enunciadas, no
corresponden al Ministerio de Desarrollo Social, sino que fueron emitidas a
nombre de consumidores finales, por otros importes y durante el año 2014”, se
detalla, al pie de un informe en el que se enumeran seis facturas fechadas en
2015, por un importe cercano a los dos millones de pesos.
Tal como resalta la denuncia, al confrontar con el
proveedor, los auditores se encontraron con la novedad de que se trataba de
facturas de compras de particulares que habían sido copiadas ó adulteradas y
que sólo coincidían en la numeración con los comprobantes que constaban en el
ministerio.
En la Oficina Anticorrupción descartan que se trate
de un error de expediente ya que, además, el importe y concepto de cada factura
es muy distinto al que figura en el expediente que posibilitó su pago. Por
caso, la número 00000374 del proveedor citado más arriba, completada en forma
manuscrita, es por $ 2.560 y corresponde a la compra de 9 rodilleras, 18
canilleras, 12 tobilleras, 6 musleras, 20 vendas y 3 muñequeras. Mientras, en
Desarrollo Social se presentó una con idéntica numeración, aunque realizada en
computadora, por $ 247.150. ¿Bajo qué concepto? Quien la adulteró, no tuvo
demasiada imaginación: “2800 gorras con dos logos oficiales estampados, 2800
remeras y 450 banderas”, dice el comprobante.
La factura 00000387 es aún más contundente: la
original es por apenas $645, mientras que la adulterada es por $479.500. Hay
ocho facturas más, de otros dos proveedores, que también habrían sido
adulteradas, por más de un millón de pesos.
¿Por qué la Oficina Anticorrupción vincula
directamente a Cecilia Velázquez? Señala que la funcionaria de fuertes lazos
con Alicia Kirchner era “quien tenía la obligación de rendir cuentas de los
montos erogados” en los casos analizados y resalta que “existe prueba
suficiente para sospechar que sería responsable de las conductas ilícitas”.
Advierte, además, que cada expediente en el que se
detectaron irregularidades “posee un informe final de rendición del evento
correspondiente donde Velázquez da cuenta que los servicios fueron efectuados
en tiempo y forma” y pide que se la investigue por el delito de defraudación
contra la administración pública, que prevé una pena de entre dos a seis años
de prisión.
PUBLICADO EL 11/07/16
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