El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da
Silva fue procesado por supuestamente obstruir la acción de la justicia en la
Operación Lava Jato, que investiga la corrupción en la empresa estatal
Petrobras, en lo que puede ser un duro golpe a la estrategia del Partido de los
Trabajadores (PT) para superar en el Senado el juicio político contra la
mandataria suspendida, Dilma Rousseff.
La decisión fue tomada por el juez federal Ricardo
Leite, quien aceptó el acuerdo de un ex senador 'arrepentido', Delcidio Amaral,
quien acusa a Lula de participar de una operación para "comprar el
silencio" del corrupto confeso Néstor Cerveró, uno ex director de
Petrobras que cumple condena domiciliaria por recibir sobornos.
"La fiscalía y la policía tienen que probar,
ya estoy cansado de esto", dijo el ex presidente Lula al conocer la
noticia, durante un acto político en San Pablo.
Este es el primer procesamiento de Lula vinculado a
la denuncia del senador Delcidio Amaral, un corrupto confeso que le dijo a la
justicia que el ex presidente le pidió ayuda para financiar a la familia de
Cerveró para que frenara su delación a la justicia.
El caso supone un fuerte revés para la estrategia
del PT y de los partidos de izquierda y movimientos sociales que preparan para
el domingo una manifestación "Fuera Temer" en todo el país.
El juez Leite, de Brasilia, convirtió en procesado
a Lula al recibir la denuncia hecha por la fiscalía en base a la delación de
Delcidio Amaral, quien era del PT y fue grabado por el hijo de Cerveró
prometiendo una fuga vía Paraguay hacia España para su padre, el detenido y
condenado Néstor Cerveró, ex director de Petrobras.
Además de Lula, el juez procesó a Amaral, al
banquero André Estevez, ex dirigente del BTG Pactual, al ganadero Juan Carlos
Bumlai y a su hijo, Mauricio Bumlai, y al abogado Edson Ribeiro.
Bumlai es considerado amigo personal de Lula y ya
estaba preso en la Operación Lava Jato acusado de lavado de dinero
supuestamente para abastecer campañas del PT.
Cerveró, en su confesión premiada, gracias a la
cual goza de prisión domicialiaria, dijo que desde los años 90 que recibe
sobornos para acomodar contratos en Petrobras y es quien sostuvo que el
gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC) recibió 100 millones de dólares de
sobornos por la venta de activos de Petrobras a la argentina Pérez Companc, a
inicios de los 2000.
El procesamiento de Lula llega en medio de una
tormenta política en el país y un día después de de que el ex presidente
denunciara por abuso de poder ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU al
juez Sergio Moro, el magistrado de la causa original de la operación Lava Jato.
En términos políticos, este procesamiento alivia la
presión sobre el presidente interino, MIchel Temer, quien se declaró en
rebeldía con Rousseff y apuesta, como dijo hoy ante la prensa extranjera, a que
el Senado destituya su ex compañera de fórmula del cargo.
La defensa de Lula emitió un comunicado en el cual
afirma que el ex mandatario "jamás interfirió o intentó interferir en la
declaración y testimonios de la causa Lava Jato".
La acusación está "basada exclusivamente en la
delación premiada de un procesado confeso y sin credibilidad, que hizo un
acuerdo con la fiscalía federal para obtener el beneficio de la prisión
domiciliaria", dice la defensa de Lula, en base al senador Amaral.
El fiscal federal, Rodrigo Janot, acusó en marzo a
Lula de "articulaciones espurias para influenciar a la Lava jato", un
parecer basado en las designaciones hechas en Petrobras por parte del PT y su
entonces aliados, el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB)
de Temer.
Lula había sido llevado a declarar por la fuerza el
4 de marzo pasado por orden del juez Moro, quien investiga a dos propiedades
del estado de San Pablo y sus vinculaciones con el ex presidente, quien niega
ser el titular de ellas.
El ex mandatario participaba esta noche en San
Pablo de un acto político con la Unión de Juventudes Socialistas, para repudiar
el "golpe parlamentario" contra Rousseff y pedir la salida de Temer.
Los movimientos sociales reclaman un plebiscito
para definir el futuro del país mientras que el Senado, a fines de agosto, debe
tratar el juicio político contra Rousseff por alteraciones contables en el
presupuesto de 2015.
Lula, con su denuncia ante la ONU contra Moro, fue
repudiado por la Asociación Nacional de Magistrados, que vio esta actitud como
un "ataque" del ex presidente al Poder Judicial.
La defensa de Lula le respondió a la asociación de
jueces que "el poder del Estado no es ilimitado para avanzar sobre
derechos y garantías de los ciudadanos".
En el plano electoral, el revés en la Justicia de
Lula podría convertirlo en mártir para su militancia en un momento de crisis,
pero también afectar su popularidad ya que marcha primero en las encuestas en
caso de que se presente a las elecciones en 2018, de acuerdo a todos los institutos
de opinión.
Lula es considerado el presidente más popular de
Brasil, al dejar el cargo en 2010 con casi el 90% de aprobación en las
encuestas, y es evaluado por el 35% como el mejor de la historia, contra el 15%
de Cardoso.
PUBLICADO EL 29/07/16
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