Comenzó ayer en la Cámara Criminal Segunda de Roca
el juicio oral y público contra dos empleados de la Delegación local de
Educación que están acusados de cometer el delito de "extorsión" en
perjuicio de un grupo de porteros escolares.
En la requisitoria de elevación a juicio se
atribuye a los imputados Miriam y Pablo Quintremán una serie de hechos
presuntamente ocurridos a partir de agosto de 2009, cuando la primera se
desempeñaba como "coordinadora del sector no docente" en el
mencionado organismo estatal y su hermano cumplía tareas afines en la misma
repartición. Por su función, ambos tenían injerencia de hecho en la selección y
organización del personal de maestranza en los establecimientos educativos de
la jurisdicción.
La acusación es sostenida por el Fiscal de Cámara
Andrés José Nelli, mientras que los imputados cuentan con la defensa particular
del abogado Jorge Crespo. El Tribunal está integrado por los jueces Gastón
Martín, María Evelina García Balduini y Oscar Gatti.
En el inicio del debate ambos acusados optaron por
su derecho de abstenerse de declarar, aunque anticiparon que brindarán su
versión de descargo una vez finalizada la ronda de testimoniales.
El primer hecho descripto en la requisitoria indica
que los imputados, luego de "suspender la contratación" de una
portera, la convocaron "de noche" a la vivienda particular de Miriam
Quintremán, donde le habrían propuesto la "devolución" del empleo y
la designación en otro establecimiento "a cambio de la suma de
$1.500", todo "a sabiendas de la situación de apremio económico"
que atravesaba la mujer.
La damnificada habría abonado esa suma en dos
cuotas y también habría pagado otros montos requeridos con posterioridad -en
efectivo o mediante compra de ropa deportiva con su tarjeta de crédito- y
declaró hoy en la audiencia que aceptó aquellas condiciones porque "ellos
manejaban todo en la Delegación y sino me quedaba sin trabajo". También
surge de la requisitoria los imputados le habrían requerido "llevarles
gente" para designar como porteros/as en las mismas condiciones y para
"llevarlos a actos políticos".
El segundo hecho imputado indica que a otra mujer
que era "aspirante a portera", Pablo Quintremán le habría exigido
$4.000 para ingresar al cargo, los cuales sólo habría pagado parcialmente.
Señala la requisitoria que luego, ante la negativa de la mujer a endeudarse
"con un prestamista", como se le habría requerido, el imputado
"comenzó a presionarla rotándola abusivamente por distintos
establecimientos" educativos de la ciudad, siempre bajo amenaza de darle
"la baja" a su contrato.
El tercer hecho imputado es por el caso de otro
portero que ingresó como contratado en febrero de 2010 y habría abonado a
través de su cuñada (la damnificada del primer hecho) la suma de $ 3.000, en
cuotas, a Pablo Quintremán. El hombre declaró en la audiencia de hoy que
durante una reunión con Miriam Quintremán ésta le manifestó que "cumplido
el pago era más seguro entrar a planta permanente" y que de no haber
cumplido con las cuotas "no habría seguido trabajando".
El cuarto hecho habría ocurrido en las oficinas de
la Delegación de Educación, donde por entonces Pablo Quintremán se desempeñaba
en el área de Salud del personal no docentes. Indica la requisitoria que
"abusando del sistema de contrataciones renovables" y "aprovechándose
de su necesidad laboral imperante", habría hecho contratar a un portero y
le habría exigido a cambio la suma de $2.000, que el hombre finalmente habría
pagado en tres cuotas.
La acusación fiscal concluyó que ambos
"abusaron sistemáticamente de sus cargos", "exigieron
contribuciones indebidas en beneficio propio" y "se aprovecharon de
la necesidad de las víctimas".
La situación fue denunciada penalmente previa
intervención de referentes sindicales y el hecho llegó a juicio bajo la
calificación legal de "extorsión". Esa figura, prevista en el
artículo 168 del Código Penal, establece penas de prisión "de 5 a 10
años" a quien "con intimidación o simulando autoridad pública o falsa
orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su
disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan
efectos jurídicos".
En la audiencia de hoy declararon los damnificados
de los hechos primero y tercero, además de una "becaria" y dos
empleados que al momento de los hechos investigados eran delegados de UPCN en
la Delegación de Educación. Para la próxima audiencia, que será el 21 de
septiembre a las 10:30, hay otros 9 testigos citados a prestar declaración.
PUBLICADO EL 15/09/2016
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