El ministro Julio Martínez solicitó al juez
Sebastián Casanello que lo designe "depositario judicial" de las
máquinas embargadas a la empresa Austral Construcciones, propiedad del detenido
empresario.
De esta manera, mientras se sustancia la causa
judicial, el Ejército las podrá utilizar en obras para las provincias afectadas
por inundaciones y del Plan Belgrano.
"Es algo que ya habíamos pedido, pero queremos
solicitárselo nuevamente al juez porque entendemos que es una medida que nos
conviene a todos, porque los procesos judiciales son largos y esa maquinaria,
que al Ejército le sería muy útil para avanzar en obras que tienen que ver con
el bien común, arrumbada en un depósito judicial en poco tiempo se vuelve
inservible", comentó el ministro Martínez.
La presentación original data del 23 de mayo de
este año. Luego de eso, el 30 de junio, la Sala II de la Cámara Federal
ratificó los procesamientos y embargos de los imputados Lázaro y Martín Báez,
por lo que el Ministerio de Defensa decidió reimpulsar la solicitud.
"Si usted deja esas maquinarias arrumbas a la
interperie, sin uso ni mantenimiento, la experiencia indica que en poco tiempo
se deterioran, se rompen los neumáticos y tapizados, son vandalizadas, las
ataca la corrosión... y eso no le conviene a nadie", explicó Martínez.
"Imaginemos que en dos o tres años se define
la causa que involucra al señor Báez. Si resulta culpable esos bienes pasarán
al Estado y si fuera absuelto, lo cual por lo visto hasta el momento parece
bastante improbable, volverían a manos de la empresa. En cualquier caso, es
mejor que estén en funcionamiento y no que sean chatarra", agregó.
La presentación realizada por el Ministerio destaca
que, de acuerdo con el artículo 221 del Código Civil y Comercial, al que remite
el artículo 920 el Código Procesal Penal, "si el bien decomisado tuviera
valor de uso o cultural para algún establecimiento público, la autoridad
nacional, provincial o municipal respectiva podrá disponer su entrega a esas
entidades".
En este caso, el planteo de Defensa es que esa
maquinarias serían útiles para acelerar las obras de apoyo a la comunidad que
realiza el Ejército Argentino, en particular en las siete provincias afectadas
por las últimas inundaciones, y en las provincias que están comprendidas en el
Plan Belgrano, de desarrollo productivo y social del norte argentino.
"El Ejército tiene maquinaria propia, con las
que está realizando obras de reparación de rutas y puentes, por ejemplo, pero
podría avanzar mucho más contando con estas máquinas, que no sólo son más
modernas sino que hoy están en perfecto estado de uso", explicó el
ministro.
El Ministerio de Defensa también solicitó
maquinaria a Vialidad Nacional, pero en definitiva sería asignar a esta obras
bienes que están en uso en otros puntos del país. "En cambio, si somos
designados como depositario fiscal de esos bienes de Austral Construcciones
estaremos ampliando el parque y aumentando la efectividad de las
acciones", agregó Martínez.
Esta presentación no es la primera que se realiza
sobre los bienes de Báez, que hasta el momento suman cerca de 150 propiedades,
contabilizadas en los allanamientos realizados por el fiscal Guillermo Marijuán
en el marco de la causa por el presunto "lavado de activos", que
lleva adelante el juez Casanello. El Ministerio de Seguridad también solicitó
utilizar bienes del empresario.
Tres de los campos propiedad de Báez en Santa Cruz,
donde es dueño de 600.000 hectáreas, fueron solicitados en comodato por la
cartera que dirige Patricia Bullrich para utilizarlos como cuateles para
Gendarmería Nacional.
Se trata de los campos Cruz Aike, La Julia y Río
Bote, con construcciones en las que en los allanamienos se encontraron espacios
que coinciden con la descripción de las "bóvedas" que denunció el
testigo protegido Leonardo Fariña.
El Ministerio de Seguridad solicitó además la
entrega en comodato de un avión privado y varios vehículos cuatro por cuatro
pertenecientes al empresario kirchnerista.
También pasarían a manos de la Municipalidad de 28
de Noviembre un conjunto de cabañas pertenecientes al empresario, según
trascendió.
Todas estas solicitudes, que dependen de decisiones
judiciales, aparecen como un paso previo a la sanción de la ley de extinción de
dominio, la iniciativa que presentó ante el Congreso Nacional la Oficina
Anticorrupción, y que prevé que aquellos bienes presuntamente ilícitos que no
puedan ser justificados por sus tenedores pasen a manos del Estado.
PUBLICADO EL 04/09/16
POR INFOALLEN – MAIL: noticias@infoallen.com.ar