El juez provincial Pablo Ortija, además de la
suspensión, ordenó allanamientos a la planta para levantar documentación, al
tomar denuncias que realizaron vecinos, el gobierno de San Juan y el defensor
del pueblo provincial. La empresa adelantó que que se presentará ante la
Justicia.
El magistrado de la Justicia sanjuanina, el mismo
que entiende en el derrame ocurrido en septiembre del año pasado, ordenó además
allanamientos a la planta y la identificación del personal y ejecutivos que
estaban a cargo de la mina el día del derrame.
La resolución de Ortija se concretó al hacer lugar
a la denuncia de un vecino jachalero José Oscar Torres, del Fiscal de Estado de
San Juan en nombre del gobierno, Guillermo De Sanctis y del Defensor Adjunto de
la Defensoría del Pueblo de San Juan Ricardo Berenguel .
La medida, que incluye una pericia técnica del
lugar donde se produjo el derrame, se suma a la suspensión transitoria de la
explotación de la mina de oro ya dispuesta la semana pasada por el gobernador
Sergio Uñac y a la presentación del ministro de Ambiente de la Nación Sergio
Bergman ante la justicia federal de San Juan.
En esa presentación, Bergman pidió que la Justicia
Federal de San Juan investigue las responsabilidades de Barrick Gold y de los
organismos de control, al tiempo que solicitó que se determine si fallaron los
protocolos de actuación a raíz de las fallas en la comunicación del derrame.
El juez no precisó el periodo en que los trabajos
de cianuración y extracción de oro y plata de la mina Veladero estarán
detenidos, sino que la parálisis será hasta que Barrick cumpla con una serie de
trabajos de prevención ordenados por la autoridad minera provincial y supeditó
el eventual levantamiento de la suspensión a una nueva inspección que ordenará
oportunamente.
El magistrado solicitó una pericia técnica y un
informe sobre la actuación en relación al desacople del caño que transporta
solución sobre el valle de lixiviación.
El objetivo de esta medida es "para determinar
cómo se habría originado el derrame cuáles pueden ser los motivos que lo
produjeron, en qué consistió la falla mecánica que produjo el hecho, el tiempo
útil del funcionamiento del caño, si se encontraba vencido, si hubo falta de
mantenimiento y si debió ser sustituido", entre otras cosas.
Ortija ordenó además el allanamiento de la mina
para secuestrar todo efecto u elemento que tenga directa o indirecta relación
al derrame, en tanto que le pidió a la Minera Argentina Gold S.A. (MAGSA),
subsidiaria argentina de Barrick Gold, una serie de documentación y la
identificación del personal y ejecutivos que estaban a cargo de la mina el día
del incidente.
El juez entiende que el derrame de material húmedo
que estuvo en contacto con el cianuro se debió "posiblemente por
encontrarse la berma de contención por debajo de lo indicado por la autoridad
minera", lo que eventualmente "produjo la saturación de mineral, lo
que llevó a un derrame fuera de la zona de contención del mencionado
valle".
Oritja no habla de que hubiera líquido cianurado
que pudo escapar de la zona protegida, pero considera que "es necesario
investigar porque el incidente pudo haber comprometido prima facie, la salud
pública y el medio ambiente por envenenamiento o contaminación de un modo
peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en
general, conforme a la Ley 24.051".
En su extensa resolución, Ortija ordena a Barrick
presentar en forma urgente una serie de documentación relacionada con las
"registraciones que dan cuenta de las novedades producidas desde el día 7
de Septiembre del año 2016, al día de la fecha".
También requiere "la nómina de personas
responsables que se encontraban de turno (autoridades y técnicas), en cualquier
tipo de tarea, a campo o administrativa y el manual de funciones y Protocolos
de Actuación de cada una de las personas que cumplen tareas en la zona donde se
produjo el hecho que se pretende investigar".
Dispone además una "pericia técnica sobre el
caño corrugado de 18¨de diámetro que transportaba solución por gravedad,
emplazado en el valle de lixiviación".
Estas medidas son para determinar "cómo se
habría producido el posible desacople del caño, para lo que designó a un perito
ingeniero mecánico del Instituto de Mecánica Aplicada dependiente de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan.
Dispuso además que un grupo de auxiliares, que aún
no designó, pero entre quienes habrá ingenieros, mecánicos, administrativos y
funcionarios judiciales, realice un allanamiento a la mina Veladero custodiados
por efectivos de Gendarmería Nacional.
PUBLICADO EL 23/09/2016
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