La situación fiscal obliga al Gobierno a poner
límites en la negociación con los gremios. Puntualmente, la exención del
Impuesto a las Ganancias sobre el pago del medio aguinaldo tendrá un tope
salarial que según fuentes oficiales consultadas, oscilará
alrededor de los $45.000. Esto significa que los haberes por arriba de ese
monto seguirán siendo alcanzados por ese tributo. Igualmente, del total de
asalariados alcanzados por Ganancias, casi un millón y medio estará exento.
Este capítulo es uno más dentro de las
negociaciones con los gremios, en las que hay varios factores en juego. Por
ejemplo, con la definición del bono de fin de año para los jubilados
beneficiará a quienes cobren la mínima, pero también la restricción fiscal hace
que sea necesario un límite. La ley de reparación histórica al menos servirá
para compensar a gran parte de los que queden excluidos del pago del bono. Por
lo menos ésa es la visión oficial. Con los estatales, el Gobierno tiene otro
factor en danza.
Su generosidad puede terminar afectando la
situación fiscal de las provincias, que sentirán presiones de sus propios
empleados públicos para que gobernadores imiten el beneficio a nivel nacional.
En el sector privado, en el pago del bono de fin de año rigen otras reglas de
juego. No es lo mismo un gremio que cerró su paritaria a principios de año que
otro que lo hizo hace pocas semanas, como los camioneros. Primará allí el caso
por caso.
Para el Gobierno, el lanzamiento de estas medidas,
más allá de su indefinición, sirvió para descomprimir el voltaje por el paro
nacional. También para la cúpula de la CGT, que necesitaban una salida antes de
jugar una baraja tan alta como la del paro nacional. Ni los despidos ni la
inflación ni la caída de la actividad tienen la intensidad del primer
trimestre. Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña tampoco tienen el
mismo rating que Hugo Moyano, Antonio Caló o Luis Barrionuevo.
En dos semanas está previsto que el Gobierno
convoque a los empresarios. La duda es ¿a quién? Prima la idea de que sea el
tradicional Grupo de los Seis, que aglutina a las cámaras de bancos privados
nacionales (ADEBA), la Sociedad Rural, la UIA, la Bolsa de Comercio, la Cámara
Argentina de Comercio y la de la Construcción. Tampoco hay demasiadas
alternativas.
La intención es sentarlos con los gremialistas y
que surja un esbozo sobre un elemento clave para la inflación de 2017 que son
las paritarias. No todo es tarea del BCRA. El bono que debe pagar el Gobierno a
jubilados y estatales puede ser de $750, monto tan escaso como vacías están las
arcas públicas. Ese número debe multiplicarse por 4 millones (los que cobran la
jubilación mínima) y 3 millones (los estatales). En esa ronda de negociaciones
se incluirá la nueva ley de ART (para frenar la sangría por los juicios por
accidentes de trabajo) y la ley de primer empleo, proyecto clave para el
Gobierno en la lucha contra la desocupación de los más jóvenes.
PUBLICADO EL 02/10/2016
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