El presidente Mauricio Macri
firmará en los próximos días un decreto para modernizar la ley de Fronteras a
fin de aumentar los controles para la lucha contra el narcotráfico y otras
nuevas formas de crimen organizado, mientras se envían más gendarmes para
combatir la inseguridad en el Gran Buenos Aires, informaron fuentes
gubernamentales. El decreto es regirá sobre los 9.600 kilómetros de fronteras
que tiene el país.
Como primera medida, el decreto
transferirá la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad de la órbita del
ministerio del Interior de Rogelio Frigerio al de Seguridad de Patricia
Bullrich. Esta comisión tendrá un plazo de 180 días para enviar un proyecto de
ley a fin de definir una nueva ley de fronteras, que no se actualiza desde hace
70 años. “El proyecto de ley será consultado con “ministerios, gobernadores y
especialistas”, remarcaron las fuentes.
Esta nueva política se toma
mientras se movilizan efectivos de la Gendarmería y Prefectura de las fronteras
para enviarlos al Conurbano por la inseguridad, proceso que comenzó con el ex
presidente Carlos Menem y fue continuado por todos los gobiernos. A partir del
decreto se aumentará la presencia de funcionarios nacionales de la Aduana, Migraciones,
Senasa y Vialidad en las fronteras.
Uno de los aspectos claves es
redefinir la llamada zona de seguridad de fronteras que constituye “una
extensión” de la frontera de 150 kilómetros en tierra y de 50 en el mar,
revelaron las fuentes. Uno de los problemas comunes de Gendarmería, por
ejemplo, es el seguimiento de aviones ilegales de los narcos que terminan
aterrizando en provincias mediterráneas como Santiago del Estero y sacando el
caso de la órbita federal.
Las fuentes explicaron que “en
general en el norte está bien la actual extensión pero en otras zonas del país
no”.
Más allá de si es un aumento
geográfico de la zona, este decreto y luego la ley le dará más competencia a la
Gendarmería Nacional, a la Prefectura y otros organismos nacionales en las
provincias. Para no herir susceptibilidades, las medidas se coordinarán con los
gobernadores e intendentes de la zona.
El caso de la pariente del
gobernador kirchnerista de Formosa, Gildo Insfran, involucrada en un caso de
tráfico de marihuana es un ejemplo de la necesidad de que el estado nacional
recupere el control de las fronteras.
Otro de los cambios de fondo es
la integración de la comisión nacional. Desde 1996 estaba militarizada con la
designación de vocales como el jefe de Inteligencia del Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas. A partir del decreto de Macri, se saca a los militares y habrá
representantes de la secretaria de Lucha contra el Narcotráfico, de Asuntos
Latinoamericanos de la Cancillería, y de Planeamiento Estratégico y Política
Militar de Defensa.
Esta presencia del ministerio
que dirige Julio Martínez se debe a la necesidad de coordinar el trabajo con el
control del espacio aéreo y los radares de la Fuerza Aérea y el Ejército para
la detección de vuelos ilegales.
A principios de año, Martínez
suspendió la participación del Ejército en el operativo Escudo Norte. Entre
otras razones, el kirchnerismo había dejado una deuda de 170 millones de pesos
a los efectivos que participaron de ese operativo incrementado por el ex jefe
del Ejército, general César Milani. Martínez pagó la deuda pero se quedó con
menos fondos presupuestarios.
Todos estos representantes
actuarán bajo la supervisión del secretario de Fronteras de Seguridad, Luis
Green.
Las fuentes subrayaron que el
decreto de Macri “no abre la puerta para el patrullaje de las fronteras por las
fuerzas armadas sino que, por lo contrario, respalda y potencia lo que vienen
haciendo la Gendarmería y la Prefectura”. Sin embargo, enfoca el problema de
los delitos transnacionales como el narcotráfico, la trata de personas y otros
que la Conferencia de Ejércitos Americanos con el apoyo de EE.UU viene
señalando como “los nuevos desafíos” militares del continente.
PUBLICADO EL 20/10/2016
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