La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)
Autónoma de Río Negro consideró que “… la actual Defensora del Pueblo Nadina
Díaz se ha ido paulatinamente apartando de las funciones a su cargo, las que se
encuentran especificadas en la Ley 2.756”.
“La legislación vigente obliga a la referida
funcionaria a actuar a pedido de parte o de oficio frente a los actos, hechos u
omisiones de la Administración Pública provincial y supervisar su
funcionamiento como lo indican los incisos a, b y c de la mencionada norma,
poniendo especial y mayor atención a la eficiencia con la que los organismos
públicos alcanzan su resultado”.
La Central Sindical se expresó sobre este punto,
señalando que “… desde que Díaz asumió hasta ahora se ha producido un cambio
brusco en su accionar frente a ese órgano de control externo, no solo
desacelerando su trabajo, sino perdiendo cada vez más autonomía e independencia,
confundiéndose muchas veces en su comportamiento con los funcionarios que
debiera controlar, siendo común verla en fotografías o filmaciones que dan
cuenta de su participación en actos que son meramente políticos”.
"Nadie puede negar que la Defensoría ha ido
perdiendo autonomía y ya casi no tiene independencia en su accionar”, señaló al
respecto Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y la CTA Autónoma de Río
Negro, quien agregó: “Cada vez se confunde más con el poder ejecutivo. Tal vez
tenga que ver con que se acerca el final de su mandato y necesite nuevamente
del poder político. Pero los rionegrinos pagamos su sueldo para que nos
defienda de un Estado que a veces está ausente o es ineficiente y eso no está
ocurriendo".
Por otro lado, la central obrera asegura que la
Defensoría “dejó hace tiempo de revisar la cantidad y eficiencia de las
prestaciones públicas o la falta de ellas y los perjuicios generados en los
usuarios del sistema público”.
La entidad gremial indicó a modo de ejemplo que “cuando
Nadina Díaz inició su gestión era común verla recorriendo hospitales, escuelas
y otras dependencias estatales, además de denunciar judicial y públicamente al
gobierno, práctica que dejo de ser habitual en el último tiempo”.
“También se ha dejado de requerir informes o
realizar pericias dentro de la administración, pudiendo señalarse, entre otras
afectaciones, la recurrente falta de prestaciones en el IPROSS, servicios en
riesgo en los hospitales, familias vulnerables sin contención social,
establecimientos educativos no aptos, falta de insumos, etc”.
Para la CTA su obrar “se ha transformado simbólico
en numerosas ocasiones, dejando de profundizar acciones, sobre todo en la
defensa de intereses difusos o derechos colectivos como el medioambiente, en
los casos de contaminación de ríos y lagos, o los daños a la salud de la
población generados por las empresas petroleras, o la entrega de miles de
hectáreas de tierra a millonarios extranjeros”.
“Es que la ley obliga a este órgano a defender en
juicio estos derechos de toda la comunidad”.
Por último, la central sindical exigió a Díaz que “de
manera inmediata retome el camino de controlar de manera seria los actos de la
actual gestión de gobierno, trabaje para recuperar la confianza social sobre
uno de los órganos externos de control más importantes del Estado rionegrino y
recupere los niveles de autonomía que exigen las leyes”.
PUBLICADO EL
16-01-2017
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