Allegados al exministro K habrían negociado
sobornos con la constructora brasileña a cambio de destrabar la extensión de
las redes de gas en el país, según documentos del "Lava Jato"
revelados por La Nación.
La semana pasada los Procuradores de Argentina y
Brasil firmaron un Memorando de Cooperación Institucional en el que se
comprometieron a conformar equipos de investigación binacionales para avanzar
el caso Odebrecht. Fue en pleno malestar del Gobierno por la lentitud de
avances en el megacaso de corrupción: el propio ministro de Justicia, Germán
Garavano, advirtió que la Justicia argentina "es la única que no avanzó en
toda la región".
A la espera de la evolución de las ramificaciones
del "Lava Jato" a nivel local, una serie de documentos revelaron que
el entorno del exministro K de Planificación Julio De Vido habría acordado
coimas por U$S 25 millones. Además de "prácticas no convencionales" a
cambio de destrabar el acceso del gigante de la construcción de Brasil a un
proyecto multimillonario para la extensión de las redes troncales de gas en el
país.
Los documentos revelaron que habría habido dos
etapas en las negociaciones de la empresa con el gobierno kirchnerista, con dos
intermediarios. La primera liderada por el dueño de la constructora Esuco,
Carlos Wagner, que fue titular de la Cámara Argentina de la Construcción
durante ocho años, entre 2004 y 2012. La segunda parte con Jorge Rodríguez,
"El Corcho", que negó que haya sido "valijero" de la
compañía aunque admitió que fue "asesor".
Tanto Rodríguez como Wagner habrían actuado en
nombre de De Vido y acordado millonarias coimas entre 2007 y 2014 con
Odebrecht, consigna La Nación. Ambos rechazaron estas versiones, que aparecen
en el material del megacaso de corrupción. "Es falso", aseguró
Wagner, mientras que Rodríguez dijo que "lo usan" para "tapar otros
temas y otras personas que estuvieron metidas", aunque no dio precisiones.
Estas desmentidas, que se suman a la del
exfuncionario K, se contraponen con las declaraciones de los
"arrepentidos" en Brasil. Uno de los ejecutivos, Marcio Faria da
Silva, declaró que se reunió dos veces con De Vido y habló sobre los millones
de dólares que se pagaron en la Argentina para acceder a contratos de obra
pública.
El brasileño explicó que las maniobras ilegales
estaban en manos de dos colaboradores de De Vido, su subsecretario de
Coordinación Roberto Baratta y el entonces director de Nación Fideicomisos,
Roberto Mandolesi, que destrabó el pago de $ 1 000 millones para la empresa BTU
durante los últimos días en el poder del kirchnerismo, en diciembre de 2015.
PUBLICADO EL
18-06-2017
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