El
juez Bonadio acusa a los ex jefes de Gabinete y a tres ex secretarios de Medio
Ambiente por irregularidades en un plan para gestionar residuos sólidos, por
600 millones de pesos.
El
juez Claudio Bonadio procesó a Aníbal Fernández, a Jorge Capitanich y a tres ex
secretarios de Medio Ambiente, en la causa que investiga irregularidades en los
Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos,
entre 2013-2015. Se les imputa el delito de administración fraudulenta en
perjuicio de la administración pública. La maniobra habría sido por 604,5
millones de pesos. A cada uno de los ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner
se les trabó un embargo de 3 millones de pesos.
La
causa comenzó con la denuncia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de
la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del ministerio de Medio
Ambiente, después de un informe realizado por la SIGEN que detectó varias
irregularidades: carencia de un mapa crítico de las municipalidades más
vulnerables o con mayores problemas de gestión de residuos sólidos,
incumplimiento de requisitos exigidos para acceder al programa, falta de
control interno en la ejecución de los proyectos, modificaciones e
incumplimientos en la realización de las obras, entre otros puntos.
El
programa tenía el objetivo mejorar la gestión sustentable de residuos sólidos
urbanos (la basura domiciliaria), a través de la financiación de proyectos
municipales de todo el país. Se buscaba la eliminación de basurales a cielo
abierto, la construcción de rellenos sanitarios o la ampliación de rellenos
existentes, el montaje de plantas de separación y reciclaje de residuos sólidos
urbanos y la adquisición de equipamiento complementario.
Los
fondos correspondientes se giraban desde la Nación hacia los municipios. Los
convenios eran aprobados por el Jefe de Gabinete para finalmente, transferirse
el dinero al municipio requirente.
Durante
los tres años que se investigaron, se presentaron 634 solicitudes, pero sólo
212 culminaron con las respectivas transferencias del dinero, señaló el juez
Bonadio. "La Ciudad de Buenos Aries, Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza,
San Juan y Tierra del Fuego no recibieron asignaciones de fondos; y sin
embargo, municipios de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La
Rioja obtuvieron el 79% de los fondos asignados por el proyecto, siendo que
tres de estas provincias generaban un mínimo porcentaje de residuos a nivel
nacional", indica su resolución.
Por
un lado, sólo el 18% de los municipios cumplió con los objetivos pautados y
acordados en los convenios firmados por la jefatura de Gabinete. Además,
durante la gestión de Capitanich -desde fines de 2013 a comienzos de 2015- se
benefició a 54 proyectos de la provincia del Chaco, con más de 170 millones de
pesos.
Otra
de las provincias favorecidas y que no cumplió con los objetivos establecidos
fue Santa Cruz, que primero recibió 25.176.903,60 pesos. y sin la aprobación de
la rendición de esa transferencia solicitó una ampliación de fondos, por
59.544.148 pesos. Así, en total se le transfirió a Río Gallegos 34,3 millones
de pesos.
"De
la visita realizada se determinó que no mejoró la situación del tratamiento de
residuos y el proyecto presentado resulta inviable", indica la resolución
judicial. Otra localidad santacruceña involucrada es Las Heras, que requirió
fondos para una Planta de tratamiento de residuos sólidos, erradicar basurales
y comprar equipamiento y vehículos. "No sólo no se hicieron las obras,
sino que tampoco hay documentación relacionada con el gasto de 8.645.659 pesos
que fueran otorgados".
Los
ex jefe de Gabinete administraron la suma estimativa de 604.529.670 pesos,
vinculados a los 212 expedientes. "Tuvieron a su cargo la gestión e
implementación del “Programa Municipal de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos”,
lo que incluía la administración y disposición de fondos públicos, por los que
debían velar".
Según
Bonadio, tanto Fernández como Capitanich "han incumplido y en consecuencia
conlleva a considerarlos coautores de la figura penal en cuestión al igual que
a Juan José Mussi, Sergio Lorusso y Omar Judis, quienes se desempeñaran como
secretarios de Ambiente durante el período investigado, pudiendo reconocerse en
ellos “una coautoría" del delito de administración fraudulenta.
Por
este motivo los procesó y embargó 3 millones de pesos a los ex jefe de
Gabinete. En cambio, el magistrado le dictó la falta de mérito al otro ex
ministro coordinador, Juan Manuel Abal Medina.
PUBLICADO EL 18-12-2017