La justicia de Río Negro ordenó la detención de tres hombres en el marco de la investigacion de la agresión que sufrió el presidente del Consejo Deliberante de Villa Regina, Maximiliano Garré, en una manifestación que se desarrollaba durante la apertura de sesiones.
El Ministerio Público Fiscal informó que ayer pidió la detención de las tres personas por considerarlas autores de diversos delitos y adelantó que una de ellas será acusada como autor de los golpes propinados al Presidente del cuerpo deliberativo.
«La Fiscalía Descentralizada junto a la Policía de Río Negro inició la correspondiente investigación para lo cual recabaron imágenes y testimonios que permitieron la individualización de los tres presuntos agresores. Inmediatamente se dispusieron diversas medidas y se libró la orden de detención«, agregó.
Los tres hombres sobre los que fue librada la orden de detención fueron identificados como Ariel Leguizamón, Edgardo Andrés Mardones y Damián Zavala, según se informó oficialmente.
Quién es Ariel Leguizamón, el apuntado por la víctima y la Justicia
Ariel Leguizamón es un trabajador municipal afiliado a ATE. Forma parte ahora del cuerpo de placeros del municipio reginense y se mueve cerca de la secretaria general de la seccional, Rosa Ñanco, según la información aportada por funcionarios locales. El propio damnificado informó a la Justicia que fue la persona que lo agredió.
En el 2017, Leguizamón fue detenido luego de haber estado prófugo durante varios días, por los incidentes registrados en la Legislatura, en Viedma, que derivaron en graves heridas para miembros de la Policía provincial.
Hacia fines de junio de ese año, fue capturado y luego procesado junto al entonces secretario general del gremio en la provincia, Rodolfo Aguiar, a su entonces adjunto, Aldo Capretti, y al titular de ODEL, Miguel Báez, por entonces referente de los grupos que instalaba ATE en las calles o en oficinas públicas para sus protestas.
Esa causa finalmente se cerró con sobreseimientos, logrados a partir de acuerdos entre la defensa y las querellas, que implicaron el pago de 750.000 a las víctimas.
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