El sobrecosto pagado fue de $ 5.436.412, con un
convenio que firmaron el secretario de Obras Públicas del ministerio de De Vido
y el exintendente de San Antonio Javier Iud.
El exfuncionario José López, durante 12 años mano
derecha del poderoso exministro K de Planificación Federal Julio de Vido, operó
en Río Negro para la concreción de distintas obras. El caso más notorio
corresponde a la pavimentación de 98 cuadras en San Antonio Oeste, que derivó
en el procesamiento de funcionarios y privados por el pago de sobrecostos.
Tras la inicial intervención de la Justicia
provincial, el expediente fue remitido recientemente al fuero federa después de
su requerimiento, considerando que se trataban de recursos nacionales, aunque
la ejecución correspondió al municipio.
El año pasado, el juez penal Favio Igoldi dispuso
procesamiento del secretario de Gobierno de SAO, Leandro Michelli y el titular
de la constructora Vial Agro, Pablo Quantin, como también, había solicitado los
desafueros del entonces intendente sanantoniense, Javier Iud y del presidente
del HCD, Claudio Palomequez.
Ese expediente -que ahora está en la Justicia
Federal- incluye un peritaje donde se identificó un perjuicio al “erario
público de $5.436.413,30” después de “la existencia de sobrecostos y ejecución
en forma deficiente, utilizando adrede menos materiales de lo especificado
técnicamente en detrimento de los costos por los cuales se los contrató”.
En su procesamiento, Igoldi verificó conductas
ilícitas como “inobservancia de las disposiciones de la Carta Orgánica
Municipal y de los preceptos de Licitación Pública”, además de la “existencia
de sobreprecios en la ejecución de la obra”.
El magistrado mencionó que el plan de pavimento
tiene un inicio en un “convenio marco” firmado por Iud con el secretario de
Obras Públicas, José López, a partir del cual se concreta después con la
“participación necesaria de Carlos Kirchner -subsecretario de Nación- y Alfredo
Andreoli -como secretario de Planificación del municipio de San Antonio”.
Actualmente, la jueza Federal de Viedma, Mirta Filipuzzi evalúa esos hechos,
previendo un pedido de testimonios para un primer análisis de la denuncia donde
se investigan la ejecución de un plan de 98 cuadras en San Antonio, con una
primera etapa 50 cuadras, ejecutadas entre el 2008 y 2010.
Ese expediente -que actualmente está en la Cámara
por sus apelaciones- incluye un peritaje donde se asegurando un perjuicio al
“erario público de $5.436.413,30” después de “la existencia de sobrecostos y
ejecución en forma deficiente, utilizando ardidosamente menos materiales de lo
especificado técnicamente en detrimento de los costos por los cuales se los
contrató”. (RÍO NEGRO)