La norma fija pliegos gratis, control de la Sigen y
la AGN, y publicidad de los actos, aunque deja espacio para confidencialidad. A
los privados prevé suspensión del registro.
El presidente Mauricio Macri apunta a que la obra
pública concentre la recuperación de la economía. Pero así como puede ser el
motor también puede ser el mayor dolor de cabeza. En este esquema, y viendo el desfile de ex
funcionarios kirchneristas y empresarios ligados a la construcción de rutas,
puentes, viviendas, financiadas por el Estado, el ministro del Interior,
Rogelio Frigerio, enviará esta semana al Congreso el proyecto de Ley de
Transparencia y Buenas Prácticas en Obras Públicas con el que apunta a generar
un modelo más claro que el actual.
El proyecto al que accedió tiene seis
capítulos que van desde el ámbito de aplicación, publicidad de las licitaciones
y adjudicaciones, el control, la unidad de criterios, incompatibilidades y
sanciones.
El capítulo uno señala que será de aplicación
nacional e incluye obras financiadas "total o parcialmente" con
fondos nacionales o préstamos con organismos multilaterales o con créditos
externos avalados por el Estado.
El segundo habla de la publicidad y establece que
los pliegos de licitación serán "gratuitos" y estarán en la web
oficial del comitente, quien publicará "todos los actos
administrativos".
De todas formas el punto C del capítulo establece
que "la máxima autoridad" del organismo que licite "podrá
declarar por razones fundadas la confidencialidad por un período máximo de 5
años".
Este punto podría ser aplicado a, por ejemplo, el
caso Chevron y la decisión de no dar a conocer los detalles del acuerdo con YPF
por Vaca Muerta.
A la hora de hablar de las constructoras la norma
establece que "serán sometidas a un sistema único de evaluación de
desempeño" que también serán "difundidos al público".
El capítulo del Control fija que los actos
administrativos "serán comunicados a la Sigen y a la AGN", y prevé
que el Ejecutivo implementará un sistema de "auditoría y control"
donde se definirán responsabilidades con distintos niveles. Además, se elevará un
informe a Defensa de la Competencia "para la detección de posibles
carteles".
Para establecer los precios de las oferta la norma
fija que cuando la más conveniente "resulte superior en 15% o inferior en
un 10% al Presupuesto Oficial, la adjudicación procederá solo con dictamen
fundado de la autoridad superior" y que en esa fundamentación se deberán
establecer las causas del desvío.
Para evitar la connivencia entre funcionarios y el
sector privado, en el capítulo de las Incompatibilidades establece que no
podrán integrar las comisiones de adjudicación los "funcionarios que hayan
formado parte como dependientes, socios o accionistas de las empresas
constructoras evaluadas en los últimos 5 años".
El último capítulo se refiere a las sanciones
estableciendo denuncia penal para los funcionarios que incumplan y suspensión
del Registro de Constructores de Obra Pública "como forma preventiva"
para los privados.
"La obra pública no puede ser sinónimo de
corrupción. Tenemos que cambiar esa imagen del Estado. Tiene que ser sinónimo
de esperanza, de justicia, de cambiarle la vida a la gente a través de acciones
concretas del Gobierno. Y este proyecto tiene ese espíritu y va en la línea de
lo que nos pidió el Presidente a los ministros", dijo Frigerio.
Por su parte el Subsecretario de Coordinación de
Obra Pública, Ricardo Delgado, se refirió a que la sanción de la ley apunta a
que "luego del tremendo estado de situación heredado y del episodio López,
decidimos ir a fondo con un cambio de modelo de gestión. Transparente, con más
competencia, reglas estables y empresas mejor calificadas para que pueda
desarrollarse el plan más ambicioso de inversión en infraestructura de los
últimos 50 años".
PUBLICADO EL 04/07/16
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