(El Video de ese momento histórico, al pie de página) "Felices Pascuas, la casa está en orden."
La frase que trajo alivio al país se recuerda incompleta por quienes vieron en
las jornadas de Semana Santa de 1987 una claudicación.
Por el contrario, en esos días se afirmó para
siempre nuestra democracia.
El 15 de abril de 1987 un grupo de oficiales del
Ejército hizo pública resistencia a presentarse ante la Justicia en causas en
las que estaban imputados por diversos delitos. Se rompió la cadena de mandos:
mientras los jefes de las tres fuerzas y la mayoría de los oficiales superiores
acataban el orden constitucional, una minoría activa y organizada resistía las
órdenes de los jueces.
Un rápido recorrido nos permitirá entender mejor lo
sucedido. El 30 de septiembre de 1983, en un acto en Ferro, Raúl Alfonsín
sostuvo que anularía el decreto de autoamnistía firmado por el gobierno militar
y anunció los tres tipos de responsabilidad que se tendrían en cuenta: la de
los que tomaron la decisión de actuar como se hizo, la de los que cometieron
excesos en la represión y, otra distinta, la de los que cumplieron órdenes en
un marco de extrema confusión.
A tres días de haber asumido la presidencia firmó
los decretos de procesamiento de los ex comandantes de la juntas militares y de
las cúpulas guerrilleras. Los jefes guerrilleros serían juzgados por los
delitos cometidos en democracia. En el decreto se instaba a la persecución
penal de quienes hubieran tenido capacidad decisoria y se mencionaba al
personal subalterno que pudiera haber sido inducido a error sobre la significación
moral y jurídica de sus actos. Los delitos de violación, apropiación de menores
y bienes materiales quedaban excluidos de exculpación.
Se reformó el Código de Justicia Militar
incorporando la apelación a los Tribunales Federales y se creó la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), para recibir las
denuncias y elaborar un informe que develara las violaciones de los derechos
humanos.
El Juicio a las Juntas se celebró en 1985 y
significó un antes y un después en nuestra historia. Es uno de los hechos más
reconocidos mundialmente en la lucha por los derechos humanos. Pocos se
imaginaron que esto sería posible; una vez terminado, cientos de ciudadanos se
animaron a denunciar a otros represores.
Frente a la incertidumbre que generaba el estado de
sospecha sobre todos los miembros de las Fuerzas Armadas y con el peligro que
suponía que las denuncias se dilataran en el tiempo, el 23 de diciembre de 1986
se sancionó la ley conocida como de punto final. La aceleración de las causas
por la aplicación de la ley y las citaciones a más de 400 oficiales, 100 de
ellos en actividad, profundizaron la inquietud en los cuarteles. Ése fue el
escenario de Semana Santa.
Días antes, en Las Perdices, Córdoba, Alfonsín ya
había anunciado que se trabajaba en una ley que reflejara el compromiso asumido
en la campaña electoral: los tres niveles de responsabilidad.
Volvemos entonces al levantamiento del 15 de abril.
Frente a los acontecimientos, el presidente, su gobierno y el sistema de
partidos políticos desplegaron una actividad que movilizó a la sociedad en
defensa de la democracia.
La Asamblea Legislativa emitió una declaración de
repudio a la actitud de los sublevados y en apoyo del orden democrático. Los
partidos políticos de la Argentina, incluido el Partido Justicialista,
presidido por un comprometido Antonio Cafiero, firmaron el Acta de Compromiso
Democrático. El secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini, convocó a la
movilización. Decenas de miles de ciudadanos llenaron las principales plazas
del país y hubo quienes se dirigieron a las puertas de Campo de Mayo a repudiar
a los sublevados. El juez federal de San Isidro, Alberto Piotti, se trasladó
hasta allí para solicitar que depusieran su actitud.
El liderazgo personal del presidente Alfonsín
orientó y condujo a miles de ciudadanos movilizados y a los mandos de las
Fuerzas Armadas, que respondían a la autoridad presidencial. Ordenó el
despliegue del Segundo Cuerpo de Ejército, al mando del general Ernesto Alaiz,
para retomar las unidades y detener a los amotinados.
Éstos solicitaban una amplia amnistía, la renuncia
de los jefes del Ejército y que su reemplazo surgiera de los nombres que ellos
propusieran. Alfonsín sostuvo que la democracia no se negociaba y no aceptó los
términos exigidos.
Cuando no se pudo avanzar más en el diálogo con los
amotinados, a pesar de los esfuerzos del ministro de Defensa, Horacio
Jaunarena, Alfonsín tomó la decisión de ir a Campo de Mayo a intimarlos a
deponer su actitud. Me tocó estar en el despacho contiguo al presidencial
cuando esto sucedió y acompañarlo al balcón sobre la Plaza de Mayo.
Preocupados, emocionados y conmovidos lo oímos decirle a la multitud:
"Estamos demostrando la definitiva decisión de vivir en democracia. La
fuerza de la movilización pacífica de la ciudadanía, que es más fuerte que la
violencia. (...) Estamos arriesgando el futuro de nuestros hijos, estamos
arriesgando sangre derramada entre hermanos. (...) Antes de proceder he
resuelto ir personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los
sediciosos.(...) Dentro de un rato vendré con las soluciones a decirles que
podemos volver a nuestros hogares para darles un beso a nuestros hijos y en ese
beso decirles que les estamos asegurando la libertad para los tiempos".
Estos discursos de tono a la vez firme y
conciliador se apoyaban en la fuerza de la movilización popular y en la
conciencia democrática generada por la propuesta de Alfonsín, sintetizada en la
idea de que no habría democracia sobre la base de una claudicación moral que evitara
las sanción de los crímenes y sin la reinserción de la Fuerzas Armadas en el
orden jurídico. Alfonsín contenía y dirigía esa fuerza sin exaltar odios ni
enfrentamientos que pudieran terminar en derramamiento de sangre. En un país en
el que desde ese mismo balcón se instó a las masas a la violencia y al
enfrentamiento, optó por una relación dinámica entre la movilización del pueblo
y el despliegue de unidades militares.
Se ha atribuido la demora en el desplazamiento de
las fuerzas a la falta de voluntad de los mandos superiores; me consta que se
debió a la intima convicción de Alfonsín de que las fuerzas debían ser
disuasorias, debían procurar evitar la represión y dar tiempo para que el
diálogo y el arte de la buena política hicieran su tarea.
Los amotinados depusieron su actitud, fueron
sometidos y juzgados. Ninguno pudo continuar su carrera militar, aunque el
cabecilla, el teniente coronel Aldo Rico, sí pudo hacer carrera política en el
peronismo.
El oportunismo hizo que luego se perdiera este
compromiso y se procurara ver en los episodios de Semana Santa la claudicación
a que hicimos referencia al principio. Cuando el peronismo volvió al gobierno,
decretó un indulto que dejó libres a más de 200 oficiales y 100 civiles que
cumplían condena por violación de los derechos humanos y también a las cúpulas
guerrilleras.
A 30 años de aquellas jornadas cabe reflexionar
sobre la desvalorización y tergiversación que se hizo de estos acontecimientos
y recordar íntegramente el proceder y el mensaje del presidente Alfonsín. Cuando
dijo: "Felices Pascuas. Podemos todos dar gracias a Dios, la casa está en
orden y no hay sangre en la Argentina".
PUBLICADO EL
13-04-2017
POR INFOALLEN
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SOCIEDAD