Es por una maniobra que terminó beneficiando a una
firma que hoy pertenece al grupo Indalo, de Cristóbal López.
El titular de la Procuración de Investigaciones
Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, denunció a ex funcionarios del
gobierno de Néstor Kirchner, a empresarios y a un juez, por haber reformulado
un régimen de promoción industrial que terminó beneficiando a una firma que hoy
pertenece al grupo Indalo, de Cristóbal López.
Se trata de la empresa Alcalis de la Patagonia SA,
dedicada a la producción de carbonato de sodio en la provincia de Río Negro,
que gracias a esa reforma habría conseguido un acuerdo preventivo extrajudicial
y así habría licuado una deuda de casi 250 millones de pesos de aquel momento
que la firma tendría con el Estado Nacional, dice la denuncia.
Según se indicó en la página de noticias
www.fiscales.gob.ar de la Procuración, Rodríguez denunció ante la justicia
federal que ex integrantes del gabinete de Néstor Kirchner habrían abusado en
su gestión del ejercicio de la función y quebrado la fidelidad asumida al
simular la reunión de una serie de condiciones requeridas por la Constitución
Nacional para el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Rodríguez entendió que había que investigar si los
denunciados participaron de una maniobra que, por un lado, habría beneficiado a
la empresa Alcalis de la Patagonia con exenciones y diferimientos impositivos a
través del mencionado DNU. Y, si por otro, se habría permitido sustituir una
deuda a favor del Estado Nacional de aproximadamente 250 millones de pesos por
un paquete accionario de ínfimo valor a través de un Acuerdo Preventivo
Extrajudicial irregular, representando un perjuicio para la administración
pública.
"Los hechos se habrían iniciado en 2005 cuando
el presidente Kirchner, junto a su gabinete, reformuló el régimen de promoción
industrial de Alcalis de la Patagonia S.A. mediante un DNU"
En la nómina de funcionarios acusados de
"administración infiel en perjuicio de la administración pública por abuso
defraudatorio", el fiscal de la PIA incluyó a Aníbal Fernández , Roberto
Lavagna , Alicia Kirchner , José Pampuro, Alberto Fernández , Daniel Filmus ,
Rafael Bielsa , Horacio Rosatti , Carlos Tomada y Julio De Vido , entre otros.
Varios de esos ex funcionarios ya se habían alejado
del Gobierno de Néstor Kirchner cuando -según el fiscal- comenzó en 2006 el
proceso de saneamiento de la empresa: Lavagna, por ejemplo, había renunciado a
fines del 2005 por diferencias en la política económica, mientras que Rosatti
-hoy ministro de la Corte Suprema- también había dejado la cartera de Justicia
a mediados de 2005 tras frenar una sospechosa licitación para la construcción
de cárceles con supuestos sobreprecios, indicaron a DyN fuentes consultadas.
En su denuncia, el fiscal Rodríguez también
denunció al juez Gustavo Toquiera, a cargo del Juzgado Letrado de Primera
Instancia de Ejecución Nro. 1 de Comodoro Rivadavia, Chubut, y a los
empresarios Raúl Zamora y Fabián De Sousa, socio de López y procesado en la
causa "Los Sauces" junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y sus
hijos Máximo y Florencia Kirchner.
La maniobra
Para el fiscal, los hechos se habrían iniciado en
2005 cuando el entonces presidente Kirchner, junto a su gabinete de ministros,
reformuló el régimen de promoción industrial de Alcalis de la Patagonia
mediante el DNU 475/05.
Pero en junio de 2006, la empresa quedó bajo el
control de otra denominada South Mineral SA, cuyos presidente y vice eran
entonces De Sousa y Zamora, respectivamente, y ahí comenzó el proceso de
saneamiento de las deudas de la empresa y por ello se inició un acuerdo
preventivo extrajudicial, en el marco del cual se remitió una propuesta a tres
empresas: Ibicon Ansalt, Bergo Ansalt y Almeraya Sol Investment, como también
al Estado nacional.
La maniobra, entendió el fiscal, se perfeccionó con
la deliberada inacción de los funcionarios públicos de los entonces Ministerios
de Economía y Producción (fundamentalmente el área legal de Industria y la
Dirección General de Asuntos Jurídicos) que dejaron vencer los plazos para
defender los intereses del Estado Nacional en dicho APE, con el consecuente
perjuicio patrimonial al erario público.
De acuerdo con la presentación del fiscal
Rodríguez, el acuerdo preventivo "habría exhibido una serie de graves
irregularidades -falta de documentación, abuso del derecho, ausencia de
síndico, computación de deudas en monedas extranjera, ausencia de intervención
fiscal, etc.- que darían cuenta que el juez habría actuado de modo parcial y en
exclusivo interés y beneficio de la empresa, perjudicando al Estado
Nacional".
PUBLICADO EL
14-04-2017
POR
INFOALLEN – Mail: noticias@infoallen.com.ar