Cristina Fernández, siendo Presidenta de la
República, supo que Amado Boudou había comprado la fábrica de billetes Ciccone
Calcográfica Supo qué banco local estaba involucrado en esa trama, el Macro, de
Jorge Brito. Y aun así protegió a su vice cuando el caso se difundió de manera
masiva en febrero de 2012.
Más que eso. No solo defendió a Boudou, nunca en
declaraciones públicas pero sí a través de órdenes y estrategias que le hizo
cumplir en privado, sino que también utilizó acciones gubernamentales, primero,
para hacerle ganar dinero a esa imprenta cuando ya estaba bajo sospecha
judicial. Y luego para intentar garantizarle impunidad a su vice -y a ella
misma también- cuando envió al Congreso un decreto pidiendo que se estatice esa
planta gráfica. Fue en agosto del 2012.
Además del kirchnerismo legislativo, acompañaron a
esa medida insólita diputados y senadores de la oposición. Jamás en la historia
de la economía argentina el Gobierno había estatizado una compañía sin que sus
accionistas mayoritarios reclamaran la indemnización que les corresponde por
mandato de la Constitución Nacional.
Quien presidió la sesión en el Senado cuando se
trató esta cuestión fue el propio Boudou, titular de ese cuerpo debido a que
ocupaba el cargo de vicepresidente de la República.
El juez Ariel Lijo ordenó este viernes la detención
inmediata de Boudou. Y de su socio y mejor amigo desde los siete años, el
millonario súbito José María Núñez Carmona.
Y también le puso fecha a declaraciones
indagatorias del acusado de ser otro de los testaferros de Boudou, Alejandro
Vandenbroele; a otro de sus viejos amigos de Mar del Plata y gerente de su
“holding”, Juan Carlos “El Sordo” López; y a una ex novia del ex vice, Agustina
Kämpfer.
Fue en el marco del expediente Ciccone que
investiga el enriquecimiento ilícito de Boudou y el posible lavado de dinero
gracias a la influencia que habría usado desde sus cargos de ministro de
Economía y vicepresidente para generar negocios ilegales que se materializaban
en el ámbito privado a través de Núñez Carmona y Vandenbroele.
El juez determinó que todas estas personas
conformaron, con responsabilidades diferentes, una “asociación ilícita”.
Los argumentos para meter preso a dos figuras
emblemáticas de la supuesta corrupción K fueron, según el escrito del
magistrado Lijo, que podrían obstruir el accionar judicial.
Boudou ocupó el segundo cargo en importancia del
Poder Ejecutivo, con todo el poder que eso conlleva en un país como la
Argentina, aun tras volver al llano. Y Núñez Carmona, fiel a su estilo
desapegado e informal ante las normas legales, desoyó las órdenes del tribunal
cuando se le pidió que avisara de modo formal y diera explicaciones de sus
viajes al exterior para hacer negocios. El socio del ex vice no cumplió. En su
historial comercial y judicial esta fue siempre su regla, y no la excepción.
Cristina Fernández sabía que Boudou estaba detrás
del cambio de manos de la megaimprenta Ciccone antes de que la ciudadana Laura
Muñoz dijera en Radio Mitre que su ex esposo, Alejandro Vandenbroele, era
“testaferro” del vicepresidente y que trabajaba junto a Núñez Carmona.
En las elecciones presidenciales de 2011, en las
que ella eligió a Boudou como candidato a vicepresidente sin consultarlo ni con
el peronismo ni con su Gabinete, el Frente para la Victoria intentó imprimir
sus boletas electorales... en la imprenta Ciccone Calcográfica, ya bajo el
mando de la sociedad comercial The Old Fund, presidida por Vandenbroele.
Como las máquinas impresoras de esa compañía no
alcanzaban a confeccionar esos papeles cruciales para la votación, debido al
largo que tenían porque se disputaban también Primarias Abiertas, Simultáneas y
Obligatorias (PASO), el socio de Boudou y Vandenbroele debieron pedirle consejo
a quien sí es un imprentero del alma y no un improvisado absoluto como ellos,
Nicolás Ciccone, quien fundó la imprenta que llevaba su apellido junto a su
hermano, Héctor, ya fallecido.
Ciccone asegura, y así lo dijo en el juicio oral
sobre el caso, con Boudou enfrente suyo, que se vio presionado a entregarle a
su firma gráfica a representantes del Gobierno K porque la AFIP le había pedido
la quiebra mientras al mismo tiempo el mismo Estado no le pagaban fondos que le
adeudaban por la confección de pasaportes.
O sea: el 54,11 % del electorado que votó por la
fórmula Cristina Kirchner-Amado Boudou en los comicios de 2011 sufragó metiendo
en las urnas boletas que habían sido impresas por la ex Ciccone.
En febrero de 2012, la ex esposa de Vandenbroele,
Muñoz, denunció a su ex esposo en declaraciones públicas y en la Justicia.
La causa judicial Ciccone avanzó de tal modo, en la
primera instrucción que llevó adelante el fiscal Carlos Rívolo junto al juez
Daniel Rafecas, que Boudou, por orden de la Presidenta, se presentó en la
Semana Santa de ese mismo año en un Senado vacío por los feriados para
denunciar un complot que incluía, según él, al Procurador General de la Nación,
Esteban Righi, a Rívolo, a Rafecas, a empresarios del juego y de los medios,
entre otros acusados más.
Righi fue echado de su cargo por orden de la Casa
Rosada. Rívolo fue apartado de la instrucción.
Rafecas también, aunque con un matiz: se dieron a
conocer chats que el juez mantenía con un amigo de su infancia pero que también
era amigo de Boudou, Ignacio Iturrazpe.
El caso pasó a ser investigado por el juez Ariel
Lijo y el fiscal Jorge Di Lello.
En abril de 2012, la Presidenta de la Nación le
ordenó al Banco Central que contratase a Ciccone Calcográfica, ya en manos de
los amigos y acusados de ser los testaferros del vice, para fabricar en esa
planta gráfica 410 millones de billetes de 100 pesos.
Eso le generó una ganancia de 160 millones de pesos
a la sociedad comercial que manejaba en nombre de Boudou a la imprenta, llamada
The Old Fund.
A esa altura del primer año de la segunda gestión
presidencial de Cristina, Ciccone Calcográfica ya era investigada por lavado de
dinero en Uruguay.
O sea: el Estado Nacional imprimió dinero en una
empresa investigada por lavado de divisas.
En agosto de ese mismo año, la Presidenta ordenó
expropiar Ciccone Calcográfica, aduciendo que buscaba así recuperar la
“soberanía monetaria”.
A los pocos meses, los billetes de 100 pesos de la
Argentina se imprimían también en Brasil y Chile.
La ex Presidenta, hoy senadora nacional con fueros,
supo lo que había hecho en su momento su vice, antes su ministro de Economía
respecto a Ciccone, y otros negocios más de similar estilo.
Lo defendió pese al escándalo judicial y político
desatado alrededor de una figura que se ganó su confianza absoluta.
Pero jamás, nunca, en cuatro años como Presidenta,
se animó a hacer una defensa pública del hombre al que eligió para que la
sucediera en el cargo por si algo le llegaba a pasar. El presidente del Senado
de la Nación. Allí donde se legisla para hacer las leyes.
PUBLICADO EL
04-11-2017
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