Lo
decidió Julián Ercolini en la causa por defraudación al Estado por no pagar a
la AFIP unos $ 8 mil millones. También fue procesado Ricardo Echegaray.
El
juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a Cristóbal López y Fabián
De Sousa, dueños del Grupo Indalo, por defraudación al Estado, por no pagar a
la AFIP, durante el gobierno de Cristina Kirchner $ 8.000 millones, que
correspondían al impuesto a los combustibles. Les dictó, además, un embargo por
17 mil millones de pesos. Por la misma causa, el magistrado también procesó sin
prisión preventiva al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.
La
causa inició el 16 de marzo de 2016 con una denuncia de la diputada Elisa
Carrió, en la que señaló que las anteriores autoridades de la AFIP permitieron
a Oil Combustibles SA (OCSA) "no abonar en tiempo y forma" el ITC y
el "uso indebido del dinero para capitalizar las demás sociedades" del
Grupo Indalo.
Asimismo,
la denuncia sostuvo que parte del dinero recaudado "fraudulentamente se
destinó a satisfacer los retornos de los ex mandatarios Néstor y Cristina
Kirchner, sus empresas y sociedades".
Ante
tales acusaciones, el juez Ercolini indagó a los 21 imputados, entre ellos
López, De Sousa, Echegaray y Ángel Toninelli, entre los principales y ordenó una
inhibición general de bienes sobre todas las sociedades que integran el Grupo
Indalo. Después de un sinuoso recorrido de la investigación, la Cámara de
Casación hace un mes decidió que el juez de la causa debía seguir siendo
Ercolini, ya que el mismo había declarado incompetente al considerar que se
estaba ante un delito tributario.
El
expediente, para la Casación debía investigarse como un hecho de corrupción.
Así, el magistrado decidió procesar a los dueños del Grupo Indalo y ordenar su
prisión preventiva.
Durante
la investigación, el fiscal Gerardo Pollicita había planteado que desde la AFIP
junto con los empresarios y sociedades sospechadas de tener vinculaciones
personales y comerciales con el matrimonio presidencial" se orquestó una
"maniobra fraudulenta en contra de las rentas de la Nación en sumas miles
de veces millonarias, cuyos fondos obtenidos irregularmente habrían sido
utilizados para la expansión del conglomerado societario de López y De
Sousa".
Al
procesar a Echegaray por administración fraudulenta, el juez consideró que el
ex titular "violó sus obligaciones como funcionario dado que omitió
controlar el pago en tiempo y forma de las obligaciones relativas al ICL y el
adecuado otorgamiento de los planes de facilidades de pago -generales y especiales-,
lo que sucedió sistemática y deliberadamente".
Esta
maniobra permitió que López y De Sousa -a través de la firma Oil Combustibles
SA- "financiaran a otras sociedades de su propio grupo empresario,
obteniendo así un beneficio económico indebido".
El
juez Ercolini encontró responsable a Ricardo Echegaray como ex titular de la
AFIP de haber "otorgado de manera irregular y en forma consistente,
sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a
su cargo" los planes de pago -especiales y generales- a Oil Combustibles
SA -"de la cual eran sus responsables Cristóbal López y Fabián De Sousa-
por el ICL correspondiente a los períodos fiscales de mayo de 2013 a agosto de
2015.
Las
acciones en las que incurrió Echegaray permitieron que Oil SA "no pagara
el impuesto mencionado en tiempo y forma" y que dichos fondos "se
utilizaran indebidamente y en su propio beneficio para capitalizar a las demás
sociedades del grupo económico al que pertenecía -Indalo- a través de diversos
mutuos".
EL
perjuicio contabilizado contra el Estado fue millonarios: $ 8.000 millones. A
la fecha, según la actual gestión del ente fiscal, la deuda de López asciende a
más de 10.000 millones de pesos, contabilizando intereses y punitorios.
Para
el juez los planes otorgados a López y De Sousa por la AFIP kirchnerista, eran
"irregulares": "carencia de documentación anexada que acredite
la situación de crisis económica y financiera alegada, y no especificaría el
monto a devengarse por cada empresa, ni por qué tributos".
En
ningún momento el organismo recaudador "solicitó información
complementaria -o que las propias empresas la presentasen-, realizado
inspecciones en la sede de aquélla, o efectuado alguna otra medida tendiente a
comprobar fehacientemente las dificultades exteriorizadas por las
contribuyentes".
Cristóbal
López y Fabián De Sousa realizaron para Ercolini, "un aporte
imprescindible" al a maniobra defraudatoria, "endilgado a su consorte
de causa Echegaray, al aportar la estructura societaria necesaria para
beneficiarse ilegítimamente de la maniobra desarrollada precedentemente".
El
magistrado consideró que los dueños de Indalo "tenían el dinero para hacer
frente al pago" del impuesto a los combustibles "en tiempo y
forma" pero que optaron por "acogerse sistemáticamente a diversos
planes de pago -que fueron concedidos irregularmente por la AFIP".
Es
decir que López contó "con la venia" del ente recaudador y sólo pagó
7 de los 55 períodos fiscales investigados, a "sabiendas de que le serían
concedidos sistemáticamente beneficios de pago y así evitar el cobro compulsivo
de esas obligaciones".
De
esta manera, OIL se acogía a los planes de la AFIP "plagados de
irregularidades" , como ser la ausencia de revisión de cumplimiento de las
condiciones en las que fueron otorgados los planes, y "la laxitud en los
controles dirigidos hacia la empresa en cuestión". Y Ricardo Echegaray
"convalidó estos trámites" cuando "no correspondía".
Así,
los empresarios K "se beneficiaron -en su carácter responsables de Oil
Combustibles SA- al recibir, a través de aquella firma, de modo sistemático y
deliberado"por parte de Echegaray "planes de facilidades de pago
vinculados al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos (ICL)",
fondos que utilizaron "indebidamente y en beneficio propio" para
capitalizar a las demás sociedades de Indalo en perjuicio del Estado.
PUBLICADO EL 19-12-2017