El juez federal Juián Ercolini envió a juicio
oral a la expresidenta Cristina Kirchner, al empresario detenido Lázaro Báez y
a otros procesados por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
La resolución del magistrado se dio después de
que vencieron los plazos para que todos los imputados respondieran a la demanda
civil por $ 22.500 millones que les hizo Vialidad Nacional, al considerar el
daño y perjuicio ocasionado por los fondos que fueron otorgados al Grupo
Austral para obras que quedaron inconclusas. En la causa también están acusados
el exministro de Planificación, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas,
José López y el primo del expresidente, Carlos Kirchner.
La causa por direccionamiento de la obra
pública en Santa Cruz es una de las más importantes que enfrenta Cristina por corrupción.
La Sala II de la Cámara Federal porteña determinó que las maniobras
investigadas son el delito precedente que permitió “expandir la matriz de
corrupción” a otras investigaciones por lavado de dinero.
Al elevar la causa a juicio oral, el juez señaló
a la expresidenta como la "jefa de una asociación ilícita" que
defraudó al Estado para favorecer a Báez. El empresario K recibió 52 contratos
de obra pública vial por $ 46.000 millones durante los gobiernos kirchneristas.
Junto con Cristina Kirchner hay otras veinte
personas procesadas, acusadas de participar de una maniobra para
"convertir al amigo presidencial en el principal empresario de la obra
pública en Santa Cruz", según detallaron los fiscales del caso.
La causa
En esta investigación Cristina fue procesada
por asociación ilícita junto con Báez, De Vido y López, entre otros, por el
supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante la gestión
kirchnerista. En la causa se analizaron 52 contratos por $ 46 mil millones que
habrían sido direccionados a cambio del pago de coimas que se investigan en
otras causas por lavado de dinero.
La expresidenta está acusada de haber
"conformado una asociación, que habría funcionado al menos entre el 8 de
mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos para
apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la
obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz". Báez
recibía obra pública a través de sus empresas Austral Construcciones, Kank y
Costilla SA y de la "Sucesión Adelmo Biancalani".
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio
Mahiques indicaron que la actual senadora llevó adelante una "operatoria
criminal para montar una estructura funcional orientada a la sustracción de
fondos públicos".
La expresidenta además está procesada como
jefa de una asociación ilícita en la causa Los Sauces y es investigada por
lavado de dinero en el caso Hotesur, por presunto cobro de coimas de parte de
Báez y el empresario Cristóbal López a partir de alquileres de hoteles de esa
sociedad familiar a cambio de otorgarles beneficios de parte del Estado.
Se trata del segundo juicio oral que enfrenta
la exmandataria en la Justicia federal. La causa por irregularidades en la
venta de dólar futuro ya fue elevada y el proceso estará a cargo del Tribunal
Oral Federal 1.
PUBLICADO EL 02-03-2018