El intendente de Allen, Marcelo Román, abrió un frente judicial con el Tribunal de Cuentas de esta ciudad que a principios de 2024 le aplicó una multa por no brindarle información al órgano de contralor.
El jefe comunal decidió el 7 de abril presentar el mes pasado un recurso en el Juzgado Contencioso Administrativo 15 de Roca del juez Matías Lafuente, en la que plantea un conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo municipal que lidera Román y el Tribunal de Cuentas. Solicitó que se anule la Resolución Nº 015/2025 del Tribunal de Cuentas Municipal.
El órgano de contralor municipal multó a Román el 6 de febrero de este año con 1000 USAM (unos 1,2 millones de pesos): “Fuimos a una actuación en la municipalidad, porque estamos facultados a requerir información de cualquier dependencia, pero lamentablemente no fuimos atendidos. Incluso tuvimos una hora de espera”, expresó en febrero la vicepresidente del órgano María Florencia Torres Castaños.
El 17 de enero, Torres Castaño y la vocal María Belén Villar solicitaron acceso al libro donde se asientan las resoluciones municipales. Sin embargo, fueron imposibilitados de acceder a esa información.
Más tarde, Román, a través de un comunicado, salió a negar las acusaciones vertidas y rechazó la multa impuesta. “El Tribunal de Cuentas miente, nunca se le negó información. Está todo grabado en las cámaras de seguridad”, comentó el intendente.
Semanas atrás, la presentación de Román fue analizada por el juez Contencioso Administrativo que pidió la postura de la fiscal jefa Teresa Giuffrida para determinar la competencia del planteo hecho por el intendente de Allen.
La fiscal Giuffrida enmarcó el hecho en un conflicto de poderes y opinó que el caso debía ser abordado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que es el encargado de dirimir estos conflictos.
Lafuente se declaró incompetente y elevó el caso al STJ. El máximo tribunal solicitó la opinión del Procurador General Jorge Crespo, quien no estuvo de acuerdo con la postura de Giuffrida.
Consideró que el enfrentamiento entre Román y lo miembros del Tribunal de Cuentas era una causa que debía resolverse en el fuero Contencioso Administrativo e hizo saber su postura al máximo tribunal de la provincia.
Ahora corre el plazo de 30 días desde la resolución de Crespo para que el STJ defina de quién es la competencia y en caso de considerar que es un conflicto de poderes, definir sobre el hecho.