A partir de 2013 comenzaron a crecer de manera
sostenida las ventas de tablets en el país. En 2014 esa cifra aumentó y en 2015
también se registró un incremento. Es así que el año pasado las ventas
alcanzaron una cifra de 1.300.000 unidades. Tal fue la demanda que durante el
CyberMonday de 2015 se vendió una tablet por minuto.
A juzgar por estos números, es a todas luces
evidente que se trata de un negocio por demás tentador.
Según una investigación realizada por la Aduana,
entre 2013 y 2015 se realizó una maniobra por parte de firmas importadoras que
le produjo un millonario perjuicio a las arcas del Estado Nacional.
A partir de un entrecruzamiento efectuado en las
bases de datos del organismo se pudo identificar a un grupo de empresas que
importaron en ese período volúmenes significativos de tablets.
El número creciente de compras al exterior de estos
dispositivos a partir del año 2013 llamó la atención de las autoridades
aduaneras, quienes pusieron la lupa sobre estas operaciones.
Detectaron así que estas firmas ingresaban al país
mercadería que –según la investigación– no era la que efectivamente se
declaraba. A través de esta maniobra pagaban en concepto de aranceles aduaneros
mucho menos de lo que correspondía por el tipo de productos que habían
importado.
La operatoria era bastante sencilla pero les
permitía dejar de tributar millones de pesos. El nomenclador del Mercosur
establece distintos porcentajes de aranceles aduaneros que deben pagar los
importadores. En el caso de las tablets dependiendo de características técnicas
–como el peso, el tamaño y tipo de pantalla, teclado, etc.– la alícuota va de 2
a 35 por ciento. Las firmas investigadas por la Aduana declararon que todas las
tablets que ingresaron entre 2013 y 2015 correspondían a las que debían pagar
un arancel del 2%, o sea el porcentaje más bajo.
El informe de la Aduana menciona que si se hubiera
aplicado la alícuota que correspondía tendrían que haber ingresado a las arcas
del país tributos según el siguiente detalle:
Según el cálculo hecho por la Aduana –tomando como
base de cálculo los montos ingresados por las empresas importadoras
involucradas en la investigación– la diferencia del 33% que dejó de percibir el
Estado asciende a 714.938.000 pesos.
Entre las empresas mencionadas figura Grupo Nucleo
que pertenece a Juan José Levy, un empresario ligado a la industria
farmacéutica. Esta firma y otras, pertenecientes al mismo ejecutivo, fueron de
las más favorecidas en las licitaciones de la ANSES para la provisión de
productos tecnológicos durante el kirchnerismo. Empresas de Levy fueron
elegidas como proveedoras –entre otras– en la licitación del Plan Conectar
Igualdad, un negocio de casi 4 mil millones de pesos para entregar 900 mil
computadoras.
Levy es un empresario de aceitados vínculos con el
ex ministro de Planificación Julio De Vido, con quien viajó en reiteradas
oportunidades a Venezuela para realizar diversos negocios. También tendría
algún tipo de nexo con Lázaro Báez y sería uno de los eslabones de la cadena de
la denominada "ruta del dinero K". Además, está siendo investigado en
Panamá por lavado de dinero.
PUBLICADO EL 01/07/16
POR INFOALLEN – MAIL: noticias@infoallen.com.ar