A raíz de la presentación efectuada el 26 de junio
por seis concejales del Municipio de Roca, la titular del Juzgado Civil N° 1 de
esta ciudad otorgó un plazo perentorio de 5 días al Ministerio de Educación y
al Consejo Provincial de Educación - Delegación General Roca- para que brinden
un "amplio informe" sobre la situación edilicia y de transporte de
unos 30 establecimiento educativos (jardines, escuelas primarias y escuelas
secundarias) que funcionan en la ciudad.
Como primeras medidas, la jueza pidió informes al
Ministerio de Educación y a la Delegación del CPE sobre la situación denunciada
y corrió vista a la Defensoría de Menores para darle intervención en el
proceso.
En términos generales la magistrada requirió a
Educación "informar en qué instituciones han sido suspendidas las clases
por parte del Ministerio", precisar si la situación edilicia de los
colegios enumerados "se encuentra en condiciones de brindar seguridad a
los educandos" e informar sobre las "obras en etapa de ejecución y
mantenimiento de cada establecimiento". Con respecto al transporte,
solicitó que se informe si los alumnos "tienen cubierto el traslado desde
sus hogares a la escuela y de ésta hacia sus hogares" y, en caso de no ser
así, la explicación de los "motivos que por los cuales el mismo fue
suspendido o reglamentado".
En lo particular, la jueza solicitó informes sobre
la situación de la Escuela N° 106 de Romagnoli; las Escuelas N° 9 y 86; el CET
N° 1; las Escuelas N°16, 168, 116, 155 y su Jardín anexo; la Escuela N° 253; la
Escuela N° 364 y Jardín N° 97; los Jardines N° 33 y 76; las Escuelas N° 56,
286, 107 y Jardín anexo; las Escuelas N° 66, 275 y 42; la Escuela de Formación
Cooperativa y Laboral N° 2, la Escuela Especial N° 1, las Escuelas N° 12, 289,
43 y 86, el Jardín N° 67 y el CET N° 3.
Respecto de cada establecimiento se requirió
información específica, coincidiendo en la mayoría de los casos el pedido de
detalle sobre instalaciones de electricidad, agua y gas, calefacción,
mampostería y estado de los sanitarios.
Con respecto a las Escuelas N° 344, 150 y 317, se
precisó que la situación de las mismas es materia de otros amparos iniciados
con anterioridad y que también se encuentran en trámite.
El 30 de junio la jueza María del Carmen Villalba
encuadró la presentación de los ediles en la figura del amparo regulado por el
artículo 43 de la Constitución Provincial, en virtud de que la demanda original
proponía la aplicación de tres procesos de distinta naturaleza: el amparo
común, el amparo colectivo y el mandamus. "En el entendimiento de la
urgencia que denuncian y a fin de no dilatar innecesariamente el presente
proceso, se dará curso conforme las previsiones amplias del art. 43 C.P.,
quedando a consideración y decisión de los involucrados recurrir vía mandamus
ante el Superior Tribunal de Justicia, quien en su caso, dilucidará si se
mantiene este proceso o da curso a dicho recurso de trámite originario",
dispuso la jueza.
Inspección ocular
El miércoles 5 de julio, en el marco del amparo
impulsado por un grupo de padres de alumnos del CEM N° 150 de Roca, se realizó
una inspección ocular en el establecimiento, ordenada por la jueza Villalba.
Ese amparo fue interpuesto el 14 de junio y desde entonces se solicitaron
informes, se incorporó documentación, se dio intervención a la Defensoría de
Menores y se concretó la inspección que habían consensuado los padres,
directivos escolares y funcionarios del CPE durante la audiencia convocada por
la jueza el pasado 22 de junio. Además, se designó un perito oficial para
evaluar el estado del inmueble, especialmente en materia de instalaciones
eléctricas, quien ya presentó su primer informe y también participó de la
inspección.
Transporte escolar
El amparo referido a la Escuela N° 344, iniciado
por dos madres, también tramita ante el Juzgado Civil N° 1 y ha sido materia de
audiencias entre padres, directivos escolares, el CPE y el Municipio de Roca.
Desde su inicio se gestionaron numerosas presentaciones y pedidos de informes,
el último de ellos al Concejo Deliberante local. El objeto central del amparo
es la situación del transporte escolar.
Medida cautelar
Con respecto a la Escuela N° 317, tramita un amparo
ante el Juzgado Civil N° 9, a cargo de la jueza Verónica Hernández. La acción
fue iniciada por dos mamás a raíz de "problemas edilicios, eléctricos,
concretamente de seguridad e higiene" en el edificio escolar.
Tras una serie de audiencias y pedidos de informes
a Educación y a la Dirección de Arquitectura Escolar, la jueza resolvió el 5 de
julio hacer lugar a una medida cautelar y ordenó "al Consejo Provincial de
Educación y la Escuela Primaria N° 317 de la ciudad de General Roca, se
abstengan de dictar clases en la planta alta del establecimiento, hasta tanto
se acredite en autos el cumplimiento efectivo de las obras necesarias para el
normal uso de las instalaciones educativas".
Los informes confirmaron "la necesidad de
realizar una serie de reparaciones en la planta alta de la Escuela" y
recomendaron aplicar "la menor cantidad de peso posible" a esa
planta, "reduciendo al máximo de condiciones de carga dinámica" que
implican las acciones de correr, saltar, bailar, etcétera, "hasta tanto se
puedan realizar las obras de rigidización de la estructura".
A la luz de esa información la jueza decidió
"tomar medidas preventivas para salvaguardar la vida y la integridad
física de los alumnos, docentes y demás personal" y concluyó:
"Considero que con las recomendaciones dadas por la Dirección de
Arquitectura Escolar, el dictado de clases en la planta alta es sumamente
riesgoso; dado que estamos hablando de niños y que por su propia naturaleza no
se puede asegurar el cumplimiento de pautas como las establecidas (por ejemplo
que no corran, que no salten, que no bailen, que se muevan en grupos, etc.) por
lo que estimo apropiado hacer lugar a la medida solicitada".
PUBLICADO EL
06-07-2017
POR
INFOALLEN – Mail: noticias@infoallen.com.ar